El citado informe se ha realizado en el marco del proyecto «Compromiso con la custodia del territorio: cómo garantizar el cumplimiento de los acuerdos a largo plazo» desarrollado por la Xarxa de Custodia del Territori a lo largo de 2016 con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Para la redacción del informe también se ha contado con la colaboración del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio.
Según puede leerse en la justificación del documento “en el momento actual, es de sobra conocida la trayectoria de las entidades de custodia y su labor de concienciación sobre la importancia de la gestión respetuosa de los recursos naturales. Esta tarea, a través de los acuerdos de custodia, ha creado una nueva realidad de espacios naturales promovidos por la sociedad civil que actualmente consta de 550.987 ha, según datos del IV Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio del Estado español, que coadyuvan con el mandato de las administraciones públicas de conservar el patrimonio natural. Pero a pesar de la inercia conseguida es también indudable que para que tenga lugar su auténtica consolidación es necesario el apoyo de las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico y local, y en especial el apoyo financiero. Lo demuestra la mayor experiencia de países como Estados Unidos y Canadá, donde el incremento espectacular de este tipo de instrumentos se ha dado a raíz de la aparición de incentivos fiscales cuantiosos para las personas propietarias de fincas privadas que los suscriben”.
Los autores continúan diciendo que “las administraciones públicas tienen interés en la existencia de algún sistema de registro de la custodia del territorio en este sentido. Así, el Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017 establece dentro de su objetivo 5.1 (“Promover la custodia del territorio para la conservación de la biodiversidad”) las siguientes acciones:
● Acción 5.1.1 Crear un registro de entidades de custodia y determinar la tipología y condiciones de entidades y acuerdos de custodia y formas de gestión concertada. Prioridad 1.
● Acción 5.1.4 Desarrollar criterios de buenas prácticas para la custodia del territorio, modelos de acuerdos de custodia y modelos de seguimiento de la custodia del territorio. Prioridad 2.
A su vez el informe recoge lo esencial del trabajo realizado en las VI Jornadas estatales de custodia del territorio, resaltando que “existe la necesidad de autorregulación del propio sector ante la gran diversidad de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que llevan a cabo la custodia del territorio, así como las múltiples formas mediante las cuales actúan (…) en el trasfondo se percibe un sentimiento de inseguridad jurídica ante la posibilidad de ser elegibles o no en procesos de destinación de recursos públicos a la conservación privada, ya sea mediante ayudas, esquemas de incentivación fiscal o sistemas de mercado de nueva gestación”.
Este informe aporta la descripción y análisis de sistemas de acreditación como instrumentos o mecanismos capaces de garantizar la calidad y efectividad de la custodia del territorio ante la ciudadanía y las instituciones públicas. Los sistemas pueden ser diversos, referidos a entidades o acuerdos, con carácter más o menos restrictivo, con efectos constitutivos o informativos, con naturaleza y gestión pública, privada o participada, etc.
El documento añade finalmente un anexo con una “Propuesta de redactado del reglamento de un registro público”.
Aquí puede descargarse el informe.