Para llevar a la práctica los acuerdos de custodia hace falta la participación de:

• La propiedad privada y determinadas formas de propiedad pública o común (municipal, comunal, de dominio público...)  que es quien negocia, acepta y desarrolla acuerdos de custodia en sus fincas.
• Las entidades de custodia de la sociedad civil (asociaciones, fundaciones...) o públicas (ayuntamientos, consorcios de gestión de territorio, espacios protegidos...), que son las impulsoras de las iniciativas de custodia.
• Las administraciones públicas que impulsan la custodia a través de la legislación, ayudas, ventajas fiscales, apoyo técnico y formativo, alianzas con entidades de custodia...
• La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad (instituciones, empresas...) que apoyan y reconocen la actividad de los propietarios y las entidades de custodia.

La custodia del territorio depende totalmente de mecanismos de participación de estos agentes, donde el trabajo conjunto en alianza se convierte en el camino clave para conservar el territorio y satisfacer los objetivos de todos.