El pasado 25 de Junio, se aprobó en el Congreso Nacional de Chile la Ley Nº20.930. El Derecho Real de Conservación Medioambiental. El objetivo de este instrumento legislativo es el de contribuir a la protección y la conservación del patrimonio natural del país.
Este instrumento de conservación, que nació en Estados Unidos bajo el nombre de “Conservation easement”, y lo utilizan ya más de 3.000 propietarios, conservando más de 20 millones de hectáreas en Chile, tiene desde el pasado mes un marco legislativo.
Chile, al igual que muchos otros países, no ha alcanzado aún el objetivo de proteger un 17% de la superficie de ecosistemas terrestres, según se establece en las “Metas de Aichi”, los desafíos de protección para el 2020 acordados por los países que suscriben el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este país centroamericano espera alcanzar este objetivo con la aprobación de la nueva Ley de Derecho Real de Conservación Medioambiental.
La forma de operar que recoge la ley es básicamente la siguiente: el propietario de los terrenos, firma un contrato voluntario con la otra persona (física o jurídica, pública o privada), quien es el titular del derecho. La formalización de los contratos será llevada a cabo por escritura pública y con la inscripción en el registro de la propiedad (Registro conservatorio de bienes raíces). El propietario es el que fija la duración del acuerdo, pudiendo llegar a ser indefinidos.
La ley recoge las partes que debe tener el contrato: objeto, contenido de derechos y obligaciones, carácter oneroso o gratuito y duración, así como una serie de restricciones, prohibiciones u obligaciones que el contrato debe contener para considerarse como tal: prohibición de destinar el terreno a fines inmobiliarios, comerciales, industriales o de otro tipo; obligación de hacerse cargo o de contratar servicios para el mantenimiento, la descontaminación, reparación o administración; y la obligación de ejecutar o supervisar un plan de manejo para el uso racional y sostenible de los recursos naturales de dicho terreno. Se incluyen también los motivos por los que el acuerdo puede declararse inválido.
Durante el prolongado proceso de tramitación de dicha ley, más de tres años, se contó con la activa participación de ONG conservacionistas, como The Nature Conservancy, el Centro de Derecho de Conservación y Así Conserva Chile.
