Federico Cabello de Alba, además de notario y director del área social de la Fundación AEquitas, es un apasionado naturalista que colabora a pie de campo con varias entidades de custodia del territorio. Gracias a todo ello, su visión para comprender qué posibilidades y sinergias positivas pueden establecerse entre el notariado y el movimiento de custodia, cobra especial relevancia. Hablamos con él en esta entrevista, cuya referencia es un artículo publicado por Federico en la revista “Escritura pública", de difusión en ámbitos notariales.
Federico explica cómo se articula territorialmente el notariado en España. “La organización del notariado obedece a nuestra doble naturaleza de funcionarios públicos y profesionales del derecho. Como funcionarios públicos, dependemos orgánicamente del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y el Notariado. Salvo algunas cuestiones puntuales, las competencias y ordenación de nuestra actuación corresponden al legislador estatal por reserva expresa de la Constitución”. A nivel corporativo “la pieza básica la constituyen los colegios notariales, cuyo ámbito territorial se corresponde con las diferentes comunidades autónomas. Podrían calificarse de corporaciones territoriales de derecho público que ordenan el ejercicio de la profesión, representan a todos los colegiados y velan por la defensa y cumplimiento de nuestra función. Al frente de cada colegio se encuentra el decano y la junta directiva”, puntualiza.
En ese contexto, la misión del Consejo General del Notariado consiste en“unificar y armonizar la actuación conjunta de los diferentes colegios y de los notarios. Se trata de una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia cuyos fines son colaborar con la Administración, coordinar a los diferentes colegios y asumir la representación unitaria del notariado. Respetando ese marco, cada notario es autónomo en el ejercicio de sus funciones. Nuestra competencia es territorial en cuanto solo podemos actuar en el área donde está demarcada la notaría, pero el documento público que autorizamos es eficaz en cualquier lugar”, apunta Federico.
En cuanto a la Fundación Aequitas, cuyo área social dirige, nació fruto del acuerdo que el Consejo General del Notariado adoptó en el año 1999 de constituir una fundación que canalizara las aportaciones que puede realizar el notariado, en relación con el tratamiento jurídico de la discapacidad y sectores sociales en situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosas personas. “Este trabajo se desarrolla, como no podría ser de otra forma, en colaboración con numerosos colectivos y profesionales, jurídicos o no. Jueces, fiscales, médicos, abogados, trabajadores sociales, educadores y numerosas asociaciones y fundaciones con las que trabajamos para hacer más eficaz el esfuerzo de todos. Son problemáticas y tareas complejas que hay que abordar desde un punto de vista multidisciplinar que, además, nos enriquece a todos. En cierto modo me viene a la mente aquella historia del elefante y los sabios ciegos que utilizaba González-Bernáldez en ecología. Por muy sabios que fueran si no ponían en común las percepciones que cada uno tenía de la parte del elefante a su alcance, poco podrían avanzar en su conocimiento”.
En relación a la custodia del territorio Federico concreta que la aportación notarial puede y debe ser importante. “Nuestra función como notarios se traduce en conferir seguridad y claridad a las relaciones jurídicas, adecuarlas a la voluntad de las partes velando al mismo tiempo por su legalidad. La función social que está llamada a desempeñar la custodia del territorio enlaza directamente, además, con los fines sociales de la fundación Aequitas. Es bueno e indudable que corporativamente hay sensibilidad en ese sentido, pero no nos podemos quedar en mera sensibilidad. Es nuestra obligación colaborar en el avance legislativo y normativo de nuestra sociedad, y aún más en materias en las que, como esta, queda mucho por construir. Personalmente entiendo que, mientras el desarrollo normativo es más limitado, mayor trascendencia ha de tener el trabajo no solo de notarios, sino de todos los profesionales jurídicos”.
La infancia en un entorno rural de Federico le permitió disfrutar de estar en contacto con la naturaleza.
“No teníamos parques pero no hacía falta, y nuestro lugar de esparcimiento era el monte, los pájaros y cualquier bicho que se moviera. Aún recuerdo escapar del colegio a unas peñas cercanas para ver pájaros con la primitiva “Peterson” en blanco y negro. Eso, unido a la curiosidad insaciable propia de la edad, hizo lo demás.
Luego vino el tomar conciencia de que aquello corría peligro y de la necesidad de echar una mano para conservarlo, la época de los clubs de linces de ADENA, los primeros contactos con la SEO, compartir esas mismas inquietudes con compañeros, amigos y profesores, grupos y entidades locales que entonces surgían por doquier”. A partir de ahí su involucración en actividades en contacto con la naturaleza creció.
”Censos de aves acuáticas y de diversas especies de aves, campañas de protección, trabajos de seguimiento sobre el cernícalo primilla, aguilucho cenizo, anillamiento científico, algunos estudios en revistas técnicas, campañas de protección de espacios naturales… En la actualidad, algunos achaques me impiden moverme con soltura por el campo, pero ando liado con el seguimiento del alzacola en la zona donde vivo. Un trabajo interesante sobre una especie con un futuro cada vez más comprometido”.
Con esa trayectoria y dedicado de forma profesional a la aplicación práctica del derecho, llegó a la custodia del territorio de forma casi inmediata. “Mi concepción de la custodia es amplia y, comprende casi cualquier iniciativa que trate de conciliar el aprovechamiento de la propiedad con el respeto y potenciación de los recursos naturales”.
En noviembre de 2016 asistió a las VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio en Sevilla, tras mucho tiempo sin asistir a ninguna asamblea, coordinadora o encuentro similar.. “Cuando el movimiento conservacionista arrancó hace ya varias décadas, no me perdía ni una, ya fuesen provinciales, autonómicas o nacionales llegó un momento en que aquello me aburrió”, afirma El encuentro de Sevilla le sorprendió positivamente.“Evidentemente existió un envidiable nivel técnico, pero, sobre todo, y quizá para mí más importante, es el hecho de que la mayoría de los asistentes son protagonistas de experiencias prácticas a los que la custodia puede aportar mucho. Se palpaba una enorme energía y ganas de trabajar. Sin duda el movimiento de custodia es un buen cauce para multiplicar la eficiencia de esas ganas de trabajar”.
Federico considera que las iniciativas de custodia del territorio suponen una ventaja para la sociedad, “lo que las hace indudablemente merecedoras de apoyo y estímulo. Desde un punto de vista meramente económico, permiten abordar con menos costes y mayor eficacia políticas de conservación fundamentales, en base a compromisos de la propiedad frente a otras estrategias de conservación —explica —.Pensemos que si se parte de la asunción voluntaria por los propietarios de políticas y prácticas de gestión respetuosas con el medio ambiente, ello evita una intervención más costosa de la Administración pública basada exclusivamente, por ejemplo, en la declaración de zonas protegidas, de gestión más costosa para el erario público y que no siempre son igual de efectivas ni bienvenidas por la población afectada”.
“En la actualidad, desde el punto de vista legislativo, la iniciativa privada en la protección del medio natural es recogida en la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad o en las estrategias de conservación de especies emblemáticas, como el oso pardo o el lince ibérico, pero no hay una regulación sistemática y, por desgracia, tampoco un marco normativo fiscal que favorezca especialmente su desarrollo”, denuncia.
En su opinión, para que el apoyo de la sociedad a la custodia del territorio sea real necesita, para ser eficaz
“la certeza de que la iniciativa de que se trate cumple todas las garantías para ser considerada merecedora de ello. Esa es la mayor y más clara aportación que el registro oficial de custodia del territorio puede hacer a estas iniciativas.
De manera análoga al modo en que un registro de fundaciones o un registro de asociaciones de utilidad pública acreditan que esos casos concurren los requisitos para que una persona jurídica sea considerada como tal y, por tanto, merecedora de una serie de ventajas de diversa índole, debe partirse de un registro oficial de custodia del territorio para reconocer a los beneficiarios de esa política de manera segura y sencilla”.
Para alcanzar ese objetivo, Federico cree que los acuerdos de custodia deben estar dotados de “una fehaciencia, de un contenido y de una continuidad que, a mi entender, hacen ineludible el recurso al documento público, ya sea administrativo o notarial. Evidentemente, en la delimitación de los requerimientos técnicos medioambientales que aseguren la eficacia de la actuación de conservación, se necesitaría de un asesoramiento distinto, pero solo el documento público podría dotar al acuerdo de esa fehaciencia, eficacia, alcance probatorio y rigor jurídico. Ahí es donde el notariado está llamado a aportar”, recalca.
Otro aspecto importante es la gran variedad de situaciones que pueden plantearse lo que hace necesario “
un estudio detallado de cada caso. La adecuación, asegurando el respeto a la legalidad, de la norma jurídica al caso concreto. Conciliar la voluntad de los interesados con las exigencias técnicas de conservación de los valores naturales, con la ley y la seguridad jurídica. Y, además, conseguir que las partes tengan una adecuada información de los efectos del negocio que están celebrando, que presten un consentimiento debidamente informado”, enumera.
En este marco el eje fundamental de la función notarial está en redactar “el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes, la cual deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico, e informar a aquellos del valor y alcance de su redacción y asegurar que el consentimiento ha sido libremente prestado y que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes o intervinientes”.
Por último, Federico hace hincapié en que “para avanzar estructuralmente en la aportación del notariado se debería potenciar la formación técnica y la asistencia práctica de las personas responsables de las entidades de custodia y, en el ámbito notarial, la divulgación y la concienciación de los compañeros en esta materia. Actualmente existe una sensibilidad creciente en ese sentido que no podemos desaprovechar”, concluye.